Fuente : Agencia AndinaLa Defensoría del Pueblo de Cajamarca intervino a trece instituciones educativas por el cobro arbitrario en el proceso de matrículas, informó Agustín Moreno Díaz, representante de la institución en esta zona.
Señaló que dicha medida es improcedente, más aún si se le exige al padre de familia pagar una cuota para el examen de su hijo. “Los colegios no pueden condicionar el derecho a la gratuidad de la enseñanza. No pueden exigir que se pague por una evaluación de selección. Eso es improcedente”, aseveró.
Las instituciones educativas intervenidas fueron San Ramón, Zulema Arce, Juan XXIII, La Merced, San Francisco, Los Rosales, Tarsicio Bazán, Jardín Nº 11, Escuela Belén, Jardín Nº 24, Escuela Ex 120, Jardín Samana Cruz, y la Florida.
La Defensoría informó de la infracción a la Dirección Regional de Educación para las sanciones correspondientes, e indicó que continuarán con la supervisión en los colegios, a fin de evitar abusos. “Este trabajo se hará de oficio o mediante denuncias de padres de familia”, mencionó, tras invocar a la población a presentar su queja en las oficinas de la Defensoría en esta ciudad (840 kilómetros al norte de Lima) ante alguna irregularidad.
Moreno recordó que el sector Educación concentró el mayor número de quejas el año pasado. De los 575 casos que se atendieron, 84 eran de Educación, seguido de la Municipalidad Provincial de Cajamarca con 59 y la Policía Nacional con 25. Por su parte, el director regional de Educación, Walter Matta Santa Cruz, resaltó la labor de la Defensoría y adelantó que se abrirá procesos administrativos a todos los directores que incurran en esta clase de faltas.
“Ellos saben que no pueden condicionar un derecho establecido constitucionalmente”, anotó. Sobre las quejas registradas el año pasado indicó que tratarán de revertir las cifras mediante la reorganización de la institución, que consiste en moralizar todo el aparato del educativo de Cajamarca. Refirió que en los próximos días se reunirá con Moreno Díaz para planificar un trabajo conjunto que permita reforzar la fiscalización de las matrículas.
“Ellos saben que no pueden condicionar un derecho establecido constitucionalmente”, anotó. Sobre las quejas registradas el año pasado indicó que tratarán de revertir las cifras mediante la reorganización de la institución, que consiste en moralizar todo el aparato del educativo de Cajamarca. Refirió que en los próximos días se reunirá con Moreno Díaz para planificar un trabajo conjunto que permita reforzar la fiscalización de las matrículas.
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